Con la crisis galopante que azota a nuestro país, todos buscan ingresos incluso debajo de las piedras. La Hacienda Pública no es una excepción y ha puesto su punto de mira en las filiales españolas de los gigantes tecnológicos. Estos conglomerados que operan a nivel mundial procuran abonar el mínimo de tributos y no hace falta que recurran a la evasión fiscal. El propio sistema jurídico está lleno de zonas grises que explotar. Es lo que se conoce como “planificación fiscal agresiva”, en términos de los inspectores de hacienda, una práctica cuestionable, pero legal. Las multinacionales tratan de desplazar sus ingresos a aquellos países con una tributación más reducida. ¿Cómo? Realizando operaciones con otras filiales extranjeras del mismo grupo, radicadas en Estados como Irlanda, Luxemburgo o Suiza.
Por eso el Gobierno acaba de crear una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, dependiente del Ministerio de Hacienda, destinada a investigar los abusos fiscales de las multinacionales que operan en España. El impuesto de sociedades español favorece la deducción de gastos, mientras que los de otros lugares como Irlanda, prima un porcentaje reducido de tributación de los ingresos. Así, la técnica para disminuir al mínimo el pago de impuestos es fácil. La filial española correspondiente carga el máximo de gastos aquí para deducirse en el impuesto de sociedades. Luego, los ingresos se transfieren fuera a empresas del mismo grupo en otros países donde el tipo impositivo es menor; por ejemplo, a Irlanda donde es del 12,5 por ciento, frente al 35 por ciento de España.
Con este tipo de prácticas, gigantes tecnológicos como Apple, Google, Facebook, eBay, Amazon, Microsoft y Yahoo han logrado pagar 25 millones de euros de impuestos sobre sus beneficios durante los últimos tres ejercicios en España, aunque hayan facturado aquí miles de millones de euros, según informa el diario El País. Esto que tanto disgusta a los responsables de la Hacienda Pública, en cambio, hace felices a los directivos de estas compañías, que cobran cuantiosos bonus por crear valor para los accionistas de esas compañías. Fundar una oficina de fiscalidad internacional no es lo único que la Administración española está haciendo para contrarrestar la planificación fiscal agresiva. A mediados de este mes, se conocía que el Ministerio de Hacienda está investigando a Microsoft Ibérica con dos reclamaciones que todavía estén en tribunales por una deuda total de 12,06 millones de euros, incluyendo los intereses de demora.
La ingeniería fiscal basada en complejas estructuras empresariales que permiten transferir ingresos entre empresas del mismo grupo con el objetivo de pagar lo mínimo al fisco no es ilegal, ni tampoco todas las multinacionales la practican. De todos modos, España no es el único país de la Unión Europea donde los grandes de la tecnología están bajo sospecha. En Francia, el erario galo reclama a Google en tribunales el pago de 1.000 millones de euros. En Reino Unido no están nada contentos con que eBay pague poco allí porque vende a través de PayPal Luxemburgo, ni tampoco les gusta que Facebook y Google traspasen sus ingresos publicitarios a la filial irlandesa.