France Télécom, la operadora de telefonía francesa que en nuestras tierras cuenta con una amplia representación (eso sí, aquí en España se conoció ya bajo el nombre de Orange) tendrá que hacer frente al pago de entre 800 y 1.100 euros más intereses a las autoridades francesas. El motivo, una serie de ayudas económicas ilegales que recibió del Estado entre los años 1994 y 2002. Casi diez años de permisividad a una empresa que cuenta con más de 200.000 empleados en el mundo.
Entre 1994 y 2002 France Télécom disfrutó de exenciones fiscales por un valor que se sitúa alrededor de los 1.000 millones de euros, en un claro ejercicio de favor del Gobierno que no compagina muy bien con la idea de la libre competencia entre empresas. Desde que la Comisión Europea dictaminó en 2004 que este régimen de ayudas que recibió la empresa era ilegal, se han sucedido una serie de recursos que han extendido en el tiempo la decisión final de la Justicia.
Más de siete años después, France Télécom no tendrá más remedio que pagar la deuda que ha contraído, tras desestimarse el último recurso que presentó. En 2009 el Tribunal General de la Unión Europea ya rechazó las alegaciones del gobierno francés y de la propia France Télécom, y ahora ha sdo el Tribunal de Justicia el que ha denegado a la empresa la posibilidad de librarse del pago de esas cantidades.
No es el primer escándalo que rodea a esta empresa privatizada en 1990 en los últimos tiempos. El año pasado ya estuvo en el punto de mira por un asunto muy grave, el suicidio de más de 30 empleados en poco tiempo. El motivo de esta oleada de muertes podría estar en las malas condiciones de trabajo en las que tenían que vivir estos trabajadores, y provocó que el anterior presidente de la empresa tuviera que dejar el cargo. Desde entonces, France Télécom ha intentando mejorar la «humanidad» en el corazón de la compañía, aunque las protestas sindicales no han cesado ante esta grave situación.
